"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Derechos Humanos
El CERMI y FEACEM aportan propuestas en materia de discapacidad para el Plan de Empresa y Derechos Humanos del Gobierno
19/07/2013
El sector de la discapacidad, representado por el CERMI junto con FEACEM (Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo), ha aportado una serie de consideraciones en materia de discapacidad al primer documento del Plan de Empresa y Derechos Humanos del Gobierno de España, que ha dirigido a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El Plan (que sigue la metodología utilizada en el informe del representante especial del secretario general para la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie, sobre los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, respaldado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) está recogiendo las aportaciones de distintas partes, con el objetivo de elaborar un segundo documento más concreto y definido.
Estos principios rectores suponen la puesta en práctica del Marco de Naciones Unidas ‘Proteger, Respetar y Remediar’, y establecen un marco global autorizado sobre los roles respectivos de las empresas y de los gobiernos, con el objetivo de que contribuyan a asegurar que éstas respeten los derechos humanos en sus propias operaciones y a través de sus relaciones comerciales.
En este contexto, el Gobierno pretende con el Plan de Empresa y Derechos Humanos cumplir los compromisos contraídos por España en el seno de las Naciones Unidas y vincular las empresas, públicas y privadas, en su respeto y promoción, mejorando a su vez la comprensión de los retos que afrontan en el exterior.
Así, el sector de la discapacidad, que califica de “positiva y necesaria” la aplicación de un marco de derechos humanos en el ámbito empresarial español, considera que también es necesario incluir algunos aspectos en este Plan desde la perspectiva de la discapacidad, a la luz de la Convención de la ONU, de la que España es parte, y que concreta la relación entre derechos humanos y discapacidad, la cual debe tener su impacto en la actuación empresarial.
En relación a los tres ejes fundamentales en los que se basa el Plan (la obligación del Estado de proteger de abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas; la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, y un mayor acceso a la reparación, judicial y extrajudicial para las víctimas), el CERMI Y FEACEM exponen que “sorprende” que el de las empresas sea uno de los tres pilares menos desarrollado, con sólo tres medidas.
Estas medidas son las relativas a su compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos; un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos, y unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.
En este sentido, consideran que, siendo las empresas las principales protagonistas, “no existe un equilibrio entre los tres ejes”, y, en su opinión, es el más difuso de todos y donde mayor incidencia se debe realizar.
Por otra parte, apuntan que la amplitud de la redacción del Plan dificulta una aplicación armónica y uniforme, por lo que remarcan que es “importante” tener en cuenta la concreción de los principios a través de instrumentos, metodologías y definiciones comunes que faciliten su comprensión y aplicación, como una cuestión de igualdad en el funcionamiento y rendición de cuentas de las empresas, con el objetivo de facilitar la transparencia y la veracidad.
En esta línea, recomiendan con carácter general incluir un glosario con términos desde la discapacidad, entre ellos el concepto de mecanismos de equiparación, accesibilidad universal, diseño para todos y ajustes razonables, al mismo tiempo que consideran necesario identificar los incumplimientos y violaciones de los derechos humanos y sus causas, con el objetivo de poder tomar medidas especiales.
